(CODICS).- Rocío Miranda Pérez, Presidenta Nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, urgió al Estado mexicano a poner en marcha la agricultura familiar y la agroecología e introducir cambios en las estructuras jurídicas para mejorar el acceso de la mujer a la tierra, puesto que en la actualidad sólo 3% de más de 30 mil ejidos y comunidades en el país tienen como presidente de comisariado a una mujer y únicamente hay 139 mil ejidatarias, lo que representa 17.5% de mujeres con derechos parcelarios o de uso común.
Además, las mujeres ocupadas en la zona rural son más de tres millones y del total de superficie ejidal o comunal, -poco más de 40 millones de hectáreas-, este sector coparticipa con 7.9% y los estados con mayor número de unidades de producción manejadas por ellas son: Veracruz, 75 mil 65; Puebla, 74 mil 815; México, 65 mil 182; Oaxaca, 63 mil 15; Guerrero, 54 mil 647; Chiapas, 48 mil 606, e Hidalgo, 33 mil 845.
No obstante, la mayoría de los programas de la Sedatu y la Sagarpa, así como las leyes, directa o indirectamente vinculadas con el acceso a la tierra, han excluido a la mujer, pues no garantizan su acceso a este recurso.
La presidenta de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, dijo que en el caso específico de México es importante la incorporación de la mujer en la producción de alimentos y sostuvo que es prioritario, considerando la exclusión que este sector tiene en la tenencia de la tierra.
De ahí la necesidad de desarrollar la producción a pequeña escala de alimentos saludables y culturalmente apropiados, para contribuir a erradicar el hambre y la pobreza sobre todo cuando 2016 está declarado como el Año de las Legumbres.
Por lo anterior, insistió en que ignorar el papel de la campesina como productora conduce a que, por un lado, ella no exija sus derechos y, por otro, se vea marginada del acceso a la tierra y de todos los servicios asociados con la producción, como crédito, asistencia técnica y capacitación.
No hay que olvidar que la desigualdad de género es una de las causas y efectos principales del hambre y de la pobreza pues hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estima que 60% de las personas que padecen hambre crónica en el mundo, son mujeres y niñas.
Rocío Miranda Pérez recordó que Organizaciones campesinas integradas en la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, urgieron a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), garantizar la agroecología y la agricultura en la región sustentada en la mujer, ya que hay 43 millones de mujeres rurales, que son en general, campesinas sin tierra, analfabetas, desempleadas o subempleadas, y que representan la feminización de la pobreza, caracterizada además por problemas de hambre, desnutrición y enfermedades.
La Presidenta Nacional de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, quien es integrante de este bloque de organizaciones campesinas, sostuvo que lo anterior se desprende del reciente encuentro regional de la FAO celebrada en México, donde se precisó que es abrumador que menos de 20% de propietarios de las tierras del mundo son mujeres.
Asimismo, las agrupaciones campesinas de la región se pronunciaron por un Planeta 50-50 en 2030 como lo conviene la ONU para lograr nuevos compromisos de los gobiernos en materia de igualdad de género y el empoderamiento.
Indicó que agrupaciones como la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe así como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)- Vía Campesina, ha solicitado a la FAO que debido a que el sistema agroalimentario a gran escala es el responsable de entre 41% y 54% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), se focalicen las acciones hacia la agricultura en pequeña escala.
Asimismo, agregó Rocío Miranda Pérez, se reconozca el papel de la pesca artesanal y la acuacultura en el consumo de hidrobiológicos para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en las comunidades de todo mundo.
En lo que a educación se refiere, dijo, es urgente insertar a los jóvenes en la producción de la tierra para que se queden en sus comunidades, con esquemas agroecológicos de alimentos como una forma clave de resistencia a un sistema económico que antepone la ganancia a la vida.
