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Fitch Ratings/Nueva York.- El aumento reciente en la tasa de interés en México resalta la respuesta proactiva del gobierno a la debilidad y volatilidad del peso mexicano, relacionadas con la incertidumbre proveniente de la nueva administración de Estados Unidos (EE. UU.), según Fitch Ratings. Las posibles repercusiones en la economía mexicana, a partir de las medidas de EE. UU. en cuanto a flujos comerciales y migratorios, se reflejan en la Perspectiva Negativa de la calificación soberana de México de ‘BBB+’, la cual se sustenta en un historial de medidas disciplinadas que consolidan la estabilidad macroeconómica.
En febrero de 2017, Banco de México aumentó su tasa de interés en 50 puntos base (pb) a 6.25%, con lo cual ha incrementado la tasa en un total de 325 pb desde noviembre de 2015, a fin de contener la presión inflacionaria y anclar las expectativas. El último aumento fue después de que la inflación en el precio al consumidor se elevara a 4.78% interanual en enero de 2017, a causa del alza en el precio del combustible por la liberalización del sector de energía, así como por la depreciación del peso mexicano.
La nueva administración no ha aclarado por completo su enfoque sobre varias cuestiones que afectarán al comercio, las remesas de los trabajadores y los flujos económicos entre EE. UU. y México. Su discurso permanece de carácter proteccionista y ha confirmado su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los controles migratorios más estrictos podrían aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados y afectar el flujo de las remesas. No obstante, algunas declaraciones hechas en el período de campaña electoral, por ejemplo, respecto al cobro de impuestos a las remesas o su bloqueo total, han resultado menos prominentes desde la elección. Asimismo, tomará tiempo evaluar las consecuencias mientras se desarrollan las políticas sobre comercio y migración en relación con México.
La persistente incertidumbre económica y la volatilidad de los precios de los activos representan riesgos para el crecimiento económico de México. Como se señaló al revisar la Perspectiva de la calificación soberana de México a Negativa en diciembre de 2016, el alza en la inflación, la confianza reducida del consumidor y el crecimiento crediticio más débil podrían limitar el consumo, a la vez que la incertidumbre respecto a las relaciones comerciales futuras podría afectar las inversiones. Esto último incluye a la inversión extranjera directa, la cual ha estado enfocada en gran parte en la expansión del sector de exportaciones. Si dicha inversión se redujera, el financiamiento del déficit de cuenta corriente podría ser menos favorable, considerando que dicho déficit ha aumentado a alrededor de 3% del producto interno bruto (PIB) a raíz del impacto en el ingreso proveniente del petróleo.
Las posibles repercusiones mencionadas crean riesgos de bajas en las proyecciones de Fitch en cuanto al crecimiento, las cuales se disminuyeron a 1.7% para 2017 y a 2.5% para 2018, desde 2.6% y 3.2%, respectivamente, después de la elección presidencial en noviembre de 2016. Mientras tanto, los beneficios de la competitividad de las exportaciones, derivados de la depreciación del peso mexicano, han sido limitados por la demanda industrial débil de EE. UU. y podrían ser afectados de manera adicional por un proteccionismo mayor de dicho país, dado que alrededor de 80% de las exportaciones mexicanas se dirige a EE. UU.
El crecimiento lento de México ya figuraba como una debilidad para su calificación soberana desde antes de la elección presidencial de EE. UU. El promedio de crecimiento del PIB a 5 años de alrededor de 2.5%, inferior a la mediana de la categoría de calificación BBB, ha contribuido al aumento en la carga de deuda del gobierno general, en conjunto con déficits primarios continuos, la depreciación del peso mexicano y emisiones de bonos para ciertas empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Fitch prevé que el persistente desempeño económico débil se sumaría como un reto para la estabilización de la deuda.
El gobierno mexicano respondió a la carga de deuda creciente mediante la consolidación de sus cuentas fiscales y la mejora de su transparencia. En 2016, las necesidades de financiamiento del sector público en general cayeron a 2.9% del PIB, por debajo del objetivo original y desde 4.1% en 2015. Los gastos del sector público, excluyendo las pensiones, inversiones financieras y transferencias federales a los estados, bajaron a 18.3% del PIB desde 19.2%, destacando cierto impacto positivo por ajustes y priorización de gastos públicos.
La incertidumbre en la política interna también ha aumentado a causa de la pérdida de popularidad del Presidente Peña Nieto, el crecimiento débil y la futura elección presidencial en 2018. Fitch continuará monitoreando la manera en que el ciclo electoral afecta las políticas económicas antes y después de las elecciones.
