Alto a criminalización de indígenas, reclaman en ONU

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Por Genaro Bautista/AIPIN ⁄ FOTO: Ixbalanqué Danell Pérez

Palacio de Naciones.- ¿Cuantos muertos necesitan para protegernos? Expresaron representantes indígenas del planeta, en sus diferentes intervenciones dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aquí en Ginebra, Suiza.

Los pueblos indígenas son las sociedades más agraviadas, en su trato con las empresas, en sus territorios, denunciaron.

Durante el Quinto Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, que concluyó el 16 de noviembre, centenares de dirigentes provenientes de México, Guatemala, Honduras, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Bangladesh, Rusia, Tailandia, Nepal, Camboya, alzaron sus voces para que se escuchara en este foro internacional.

En este periodo de sesiones se revisan las violaciones cometidas por empresas y a ésta acuden representantes de la iniciativa privada, países, afectados y sociedad civil.

Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puso el dedo en la llaga. Reconoció las dificultades que tienen los pueblos indígenas con las empresas y la complicidad de las corporaciones con entes gubernamentales.

Lo anterior, destaco, conlleva mayor intimidación, despojo y violencia contra dirigentes locales, donde la mayoría de las víctimas son indígenas.

Ejemplificó los casos de Bertha Cáceres y Nelson García, asesinados por oponerse a proyectos de gran envergadura en Honduras.

El 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, líder indígena lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) murió acribillada a tiros en su casa de La Esperanza.

La lideresa defendía su territorio oponiéndose a la construcción de la represa de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco.

El 15 de marzo, mataron a tiros a Nelson García, miembro activo de COPINH, cuando regresaba a su casa en Río Lindo.

Pero el llamado desarrollo occidental no perdona ni a indígenas de países del denominado primer mundo, como Estados Unidos de Norteamérica y Rusia.

En la reunión destacaron el cruento desenlace contra el pueblo dakota, quienes se resisten al oleoducto de Standing Rock.

De la misma forma indígenas rusos denunciaron la persecución de que son objeto por expresar su desacuerdo a proyectos mineros y otros de gran extensión en sus territorios.

Todo en nombre del desarrollo

La lideresa Bini Zaa, Betina Cruz de Oaxaca, alertó que en la región del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el Gobierno privilegia el establecimiento de transnacionales de energía en el área operada por empresas que aumentan el calentamiento global, en lugar de reducirlo, según los Acuerdos de París en el tema.

En este rubro, distintos actores expusieron su preocupación por el triunfo de Donald Trump, ya que esto favorece a empresas mineras que despojan territorios en Oaxaca.

De acuerdo a investigaciones realizadas por Servicios para una Educación Alternativa (Educa), en los últimos diez años se han incrementado en Oaxaca las inversiones de la industria minera.

El triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 8 de noviembre, detalla Educa, generó un efecto especial en los mercados: la caída de las acciones de todas las empresas, con excepción de aquellas dedicadas al ramo de la minería, como son Grupo México y Fortuna Silver Mines.

Lo anterior, dice, se explica porque frente a la especulación financiera y la incertidumbre política, los inversionistas consideran al oro como “un activo de refugio”. El “miércoles negro” tanto Grupo México como Fortuna Silver registraron altas tasas de ganancias. (Ver Tabla y Gráfica).

Fortuna Silver explota oro y plata en territorio oaxaqueño, considerado uno de los 15 proyectos más productivos en América Latina. Mientras las comunidades oaxaqueñas están en la incertidumbre por el destino de sus familiares migrantes, hay alguien que sí gana en Oaxaca con Trump: las empresas mineras, sobre todo FSM.

El V Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, aborda tres temas principales. Los desafíos de los derechos humanos, en los que es necesario aplicar un mayor liderazgo y apoyo de los Estados y de los negocios; la Reflexión de los cinco años de la aprobación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como cuestiones fundamentales de las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor y a través de las relaciones comerciales.

El Foro lanza un mensaje directo a las sociedades originarias, apunta: “Debemos intensificar nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a una reparación para las víctimas de abusos contra los derechos humanos y tomar medidas concretas para proteger a los que se encuentran en situaciones de riesgo incluidos los defensores de los derechos humanos y los pueblos indígenas”.

Una de las Panelistas, Laura Zúñiga Cáceres, hija de la líder Bertha Cáceres, expuso que no hay que esperar más muertes para actuar.

La lideresa pidió a los países cuidar que ninguna empresa se establezca en territorios indígenas, en tanto no se cuente con la autorización, el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades, según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En el mismo sentido se pronunciaron los participantes en la reunión entre ellas Betina Cruz, dirigente Bini Zaa de Oaxaca, y Angélica Choc de Guatemala.

Deben respetar la decisión de los pueblos indígenas sobre sus territorios, insistieron.

Para Pavel Sulyandziga y John Ruggie, del organizador Grupo de Trabajo en cuestión, es trascendental incidir en la reparación del daño a los pueblos indígenas de las empresas y países involucrados.

Los expertos de la ONU subrayan que entre los fundamentos sobre el tema, se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la consulta de los pueblos indígenas.

Los especialistas detallaron en reuniones con liderazgos indígenas, a los que AIPIN tuvo acceso, que hace seis meses empezaron un proceso de consulta de reparación del daño, en colaboración con los pueblos indígenas y víctimas.

Danika Littlechild, indígena canadiense del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), expuso la importancia de la solidaridad de la comunidad internacional en el caso del oleoducto Standing Rock.

La representante del CITI, enfatizo el sentir del Caucus Indígena, que Estados Unidos debe, en este caso, respetar la protección del área, acatando el Tratado de Fort Laramie.

Para el conclave, la criminalización y represión a los pueblos indígenas representa un problema serio lo mismo en el Norte que en el Sur, incluso en países con antecedentes de promotores de defensa de los derechos humanos.

Por ello, el Caucus pide que al Grupo de Trabajo del Foro Sobre Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, incorporen en sus conclusiones, el cumplimiento de la normativa internacional incluida tanto en el Convenio 169 de la OIT, lo mismo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en la recién Declaración de la OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a fin de garantizar el respeto y ejercicio de los derechos de las sociedades originarias.

Los líderes y lideresas dejaron claro que los Estados tienen la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos de los pueblos indios por parte de las empresas públicas o privadas.

Demandaron a las Naciones Unidas, pedir el alto a la criminalización contra sus líderes, pueblos y comunidades, la liberación de los presos políticos, reparación del daño, restitución de sus territorios, el respeto a sus sitios sagrados, castigo a funcionarios y empresas culpables de las agresiones en su contra.

El Grupo de Trabajo (GT) explicó que se formó en 2011, ha hecho siete visitas una de ellas a México este 2016.

Los expertos han constado la violación de derechos humanos de transnacionales contra pueblos indígenas, estos últimos criminalizados por defender su territorio y libre determinación.

El GT reconoció que los pueblos indígenas se encuentran excluidos de las tomas de decisiones y que en la mayoría de los casos los megaproyectos de desarrollo se encuentran en marcha sin haberse realizado la consulta a los pueblos indios.

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