Campo mexicano, una fábrica de pobres

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Por Juan Danell Sánchez ⁄ FOTO: CODICS

Los creyentes y supersticiosos dirían que es una maldición; la Maldición Malinche, aquella que induce a la traición y discriminación de los propios a favor de los contrarios. Los gobernantes se limitan a reconocer “vacíos” en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con sus gobernados, pero que a través de renovadas políticas públicas les cumplirán para sacarlos del atraso y la miseria.

Y, así, los decires y la demagogia pretenden ocultar una realidad visible, palpable, que se vive en el campo mexicano, que hoy está desmantelado para el sector social y fortalecido para los grandes agroempresarios y monopolios trasnacionales. Sobre esto PERSONAE entrevistó a Max Agustín Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC), quien afirma que el presidente Enrique Peña Nieto está reprobado como gobernante de un país que exige cambios inmediatos para superar los graves problemas de alimentación y justicia para los más pobres del medio rural.

Recientemente se dio una manifestación de campesinos de grandes proporciones en la Ciudad de México, pero sólo participaron cuatro organizaciones ¿Qué pasa con el movimiento campesino, por qué hay tanta división?

Francamente, son distintas formas de ver la elocución que se debe tener con el Gobierno, y también distintos propósitos de cada organización; eso es lo que provoca que haya distintas expresiones, no puede haber una expresión única en el campo.

Hay una gran diversidad de visiones, de realidades, de historias, de formas de organización, de propuestas, de lo que hay que hacer, de actividades que se están llevando a cabo. Esa es la riqueza que tiene el campo mexicano y los campesinos y las organizaciones, que afortunadamente son diferentes, son diversas.

No puede ser como quisieran algunos; como era antes, una organización de un partido, con un pensamiento único, una organización corporativa y clientelar: no es así.

Es decir ¿En estos momentos el movimiento campesino está enriquecido a través del mayor número de organizaciones, así es como se debe de entender?

Sí, la verdad es que la riqueza del movimiento campesino es que haya una tremenda diversidad y también haya varias propuestas de acciones que ya se realizan y de propuestas sobre política pública, porque tampoco puede ser la política pública diseñada como si el campo mexicano fuera único en todo el país.

Hay una realidad en el Norte, en el Centro, en el Sur… Sureste, las penínsulas. Entonces son varios campos, varias realidades con muchas regiones. No es nuestro campo como las pampas argentinas, o las planicies norteamericanas, o las estepas de Rusia.

Aquí, en México, hay una gran diversidad de climas de regiones y, por ende, también, de organizaciones y de políticas públicas que deben aplicarse de manera diferenciada.

¿Dónde ves, en estos momentos, la principal demanda del campo? ¿Cuál sería la principal problemática que se tendría que atacar de frente y cuál es la postura de la Central Cardenista, en este sentido?

Desde nuestro punto de vista son dos cosas fundamentales que, hoy por hoy, afectan y que se deben considerar. Uno es el tema del respeto a los territorios de los núcleos agrarios de los pueblos originarios, a la gestión de sus territorios para decidir sobre sus recursos, sobre la utilización de éstos, y el otro tema es todo lo relacionado al derecho a la alimentación, tanto desde el punto de vista del derecho humano en el que tienen todos los mexicanos deben acceder a todos los alimentos y desde el punto de vista de la obligación que tiene el Gobierno para garantizar es derecho y se pueda hacer una realidad.

Me refiero a la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar la producción nacional de alimentos estratégicos, procesamiento, comercialización, abasto, asistencia técnica, seguros, la investigación que se requiere para producir.

Y al momento de la organización de todo esto, por parte de los productores. Esos son dos los temas esenciales que en este momento enfrentan como problema los campesinos en lo general de todas las regiones del país.

Es evidente que el Gobierno de México tiene una gran deuda con los campesinos y que no les ha cumplido en lo que les ha prometido y en lo que le corresponde al Estado como responsabilidad constitucional, en este sentido ¿Qué calificación le darías a la actual administración?

Pues está reprobado. La política pública del régimen y del modelo económico está aplicado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y luego Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto lo sigue reproduciendo; es un modelo para apoyar a la agroempresa dedicada la exportación, a los dueños de estos intereses que son pocas familias.

Y todo ha generado, por un lado, un campo apoyado por el Gobierno mediante subsidios, oligopolios, consorcios: hay un solo comprador de todos los productos de la cadena agroalimentaria.

Y por el otro lado ha convertido al campo en una fábrica de pobres, donde no hay futuro y la desesperación ha llevado a la generación de células del crimen organizado, y la juventud de campesinos e indígenas no encuentra futuro en sus regiones porque la mala política así lo ha establecido. Por eso, lo que hay que cambiar es el modelo.

¿Cuándo dices modelo, hacía dónde habría que enrutar el país?

Hacia las dos cosas que menciono. Hay un mandato constitucional para garantizar el derecho a la alimentación de todos los mexicanos, entonces el país tiene que producir nacionalmente los alimentos básicos y estratégicos que demanda la población, para que sean alimentos sanos, a precios accesibles, con oportunidad, calidad, inocuidad; eso, por un lado.

Y, también, en el mandato está que los dueños de los recursos, en este caso campesinos e indígenas tomen sus decisiones para impulsar su desarrollo mediante la gestión de sus territorios.

Los campesinos e indígenas son dueños de más de la mitad del territorio nacional (alrededor de cien millones de hectáreas), ahí hay biodiversidad, bosques, selvas, minerales, gas, petróleo, electricidad, y todo eso se tiene que regresar a sus dueños para que pueda haber una gestión propia de su desarrollo.

Y eso es lo que no se respeta. En ese modelo del Gobierno, lo que se genera son condiciones para el despojo, para la reducción, que mediante los casi 38 millones de hectáreas concesionadas a empresas mineras extranjeras; canadienses, norteamericanas, españolas, una reforma energética, una Ley de Hidrocarburos: todo eso está generando un severo problema de destrucción.

La última reforma que viene en ese sentido es la del agua, que pretende despojar a los dueños de este recurso, de este derecho humano. Esto es lo que está sucediendo en este momento.

¿Qué tan difícil o sencillo es negociar con el Gobierno, en estos momentos?  

Es muy complicado, porque que cambio de aliados. No solamente el de Peña Nieto, sino todos los anteriores, hasta Carlos Salinas. Todos trabajan para proteger los intereses de las agroempresas trasnacionales y sus representantes.

Entonces, hoy son gobernadores, funcionarios de los gobiernos de los estados, diputados, senadores, directores de algunas dependencias, y obedecen a ese interés. Es difícil dialogar con ellos, porque hay un conflicto de intereses; ellos representan a esas empresas del Consejo Nacional Agropecuario. De hecho, las organizaciones campesinas ya no son los interlocutores o los que con el presidente construye la política pública, sino que es este Consejo con los grandes ganaderos. Es el sector privado el que le dicta, y a favor de ellos gobiernan, las políticas públicas.

De las empresas que mencionas ¿Cuáles son las más importantes y son dueñas de la producción y comercialización de los alimentos?

Están a la vista. De las nacionales, que algunas también son trasnacionales, están Bimbo, Maseca, que son las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y son las que tienen las ganancias más exorbitantes a pesar de la pobreza de la mayoría de los campesinos e indígenas.

En el caso de las extranjeras, son las dueñas de la biotecnología, de las semillas transgénicas, y las que acaparan la comercialización; Monsanto, Cargill. Estas han sido las privilegiadas por el Gobierno.

Ante esta situación, Max Correa comenta que diversas organizaciones de campesinos, en coordinación con la Central Campesina Cardenista, promueven una movilización en la que marcharán labriegos de todo el país en la Ciudad de México en octubre, en el marco de El día mundial de la alimentación y de la resistencia de los pueblos indígenas.

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