Por Genaro Bautista
AIPIN.- La Comisión de Asuntos Indígena (CAI), de la Cámara de Diputados, el 15 de marzo, dictaminó a favor un punto de acuerdo para la creación de un Grupo de Trabajo, para evaluar y desarrollar iniciativas legislativas pendientes de la Reforma Constitucional sobre Pueblos Indígenas de 2001, según lo establecido en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, signados en Chiapas, por el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 16 de febrero de 1996.
El grupo naciente lo conforman la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), constituida por el Congreso de la Unión, así como por la de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, a la que se incluirá a representantes indígenas, expertos, organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales.
Desde su arribo a la actual legislatura, el Diputado Vitálico Cándido Coheto, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, ha subrayado la importancia de que a los pueblos indios, se les reconozca como sujetos de derecho público, uno de los rubros ausentes en la reforma indígena del 2001.
Coheto Martínez, de origen zapoteco, ha remarcado que además la Cámara de Diputados debe aprobar con rango constitucional, la Ley de Consulta con consentimiento libre previo e informado, según lo estipulado en instrumentos internacionales firmados por México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Así las cosas, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 23 de febrero de 2016, Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Presidentes de las Comisiones Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas y de Asuntos Indígenas, respectivamente, presentaron la propuesta como Punto de Acuerdo para la creación del Grupo de Trabajo en cuestión para evaluar, analizar y desarrollar propuestas e iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, a 20 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Este Punto de Acuerdo, fue dictaminado a favor en la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, celebrada este 15 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Para ambos legisladores, la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, ocurrida el 16 de febrero de 1996, constituyó un hecho trascendente en la lucha histórica de los pueblos indígenas de México por el reconocimiento de sus derechos.
Lo anterior, es porque en dichos Acuerdos el gobierno federal y los representantes del EZLN asumen el compromiso de reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliar su participación y representación política, garantizar su acceso pleno a la justicia, respetar sus manifestaciones culturales, asegurar su acceso a la educación intercultural y plurilingüe, así como impulsar la producción y el empleo en las regiones indígenas.
En noviembre de 1996, ante las dificultades para construir el consenso en torno a la expresión legislativa de los Acuerdos de San Andrés, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (COCOPA), elaboró y presentó a las partes una iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
Sin embargo, el Diputado Coheto rememora que, al no haber acuerdo entre las partes en torno a la iniciativa de la COCOPA, la realización de la reforma constitucional se postergó hasta abril de 2001 y los preceptos constitucionales quedaron plasmados, en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante, la enmienda constitucional no cumplió con la expectativa de diversos actores como el EZLN, la misma COCOPA, pero en especial de numerosos presidentes municipales y representantes indígenas, quienes hicieron patente su inconformidad con la reforma de 2001, por considerar que no incorporaba temas cruciales de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Algunos de estos temas de alto nivel es que a los pueblos indígenas de México, se les reconozca como sujetos de derecho público, el derecho a la consulta y de las mujeres indígenas.
En su propuesta de punto de acuerdo, tanto el diputado Cándido Coheto como Diego Valente Valera, exponen que los mismos tratados e instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritos por México, reconocen derechos fundamentales de los pueblos originarios, razón por la cual constituyen referentes inequívocos para determinar los temas pendientes de legislar en México.
Ambos diputados consideran que el contexto actual es favorable para las reformas legislativas pendientes, dado que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, realizada en 2014, en Nueva York, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado a garantizar el proceso de armonización de la legislación nacional siguiendo el espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En este tenor, coinciden los diputados que a 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar es pertinente llevar a cabo una profunda revisión de los vacíos legales que existen en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Para ello, apuntan, es importante investigar cuáles temas, de los que se discutieron durante las negociaciones de paz que culminaron con los Acuerdos, no se incluyeron cabalmente en la reforma constitucional en la materia de 2001, a fin de valorar la viabilidad de realizar las reformas constitucionales y legales correspondientes.
En el mismo tenor, resulta imperativo reflexionar sobre el grado de ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos originarios consagrados en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de identificar las reformas legales e institucionales específicas que se requieren para evitar que esos derechos sigan siendo “letra muerta”.
La CAI, destaca el papel de la COCOPA en el proceso de negociación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y reitera en que la enmienda de 2001, no incluyó temas perentorios alcanzados en San Andrés.
Del mismo modo, subraya la necesidad de armonizar el marco jurídico mexicano en materia de derechos de los pueblos indígenas, con las disposiciones que contienen diversos tratados e instrumentos internacionales.
El acuerdo tomado por los diputados apoyarán de manera contundente el futuro de los 25’694,928 de indígenas, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de los cuales 48.7 % son hombres y 51.3% mujeres. El INEGI, reconocía para 2010 que en México había 16 millones de indígenas.
El hecho de que este Grupo de Trabajo sea constituido a partir de un mandato del Pleno de la Cámara de Diputados, vía el Punto de Acuerdo que se incluye en el presente dictamen, significa un respaldo significativo para que dicho organismo cumpla con su cometido de evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas, señala un comunicado de la Comisión de Asuntos Indígenas.
