Corrupción, precipicio de México

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Por Juan Danell Sánchez ⁄ FOTO: SOStenible

El terreno de la honestidad y el pensamiento justo y constructivo del desarrollo de la sociedad en México, hoy es un páramo estéril con escasas y muy lejanas posibilidades de volver a fecundar una cultura en la que se privilegie las relaciones sociales y de producción sanas, equitativas, apegadas a Derecho e incluyentes, y donde la armonía entre el hombre y la naturaleza sea un derrotero a seguir y perpetuar.

Vivimos las secuelas de una historia construida con base en las estructuras de la corrupción alimentada por el poder, concentrado en un pequeño grupo de gobernantes y empresarios que han llevado al Estado mexicano a transitar por los más profundos caminos de la deshonestidad; situación que ha permeado a la sociedad en su conjunto y que se ha alojado en su conciencia e inconciencia, a tal grado de que en estos tiempos las personas, en la mayoría de casos, no distinguen entre lo que es una conducta apegada a Derecho y una que no lo está.

El grado de descomposición ha llevado a amplios sectores sociales de los mexicanos a afirmar que “el ser humano es corrupto por naturaleza”; tesis tan peligrosa como absurda para explicar y encubrir un fenómeno que es resultado de un sistema que se rige por la apropiación irracional del valor y la ansiedad de lograr el poder absoluto.

Cierto es que en el México moderno acuñado por los gobiernos para incrustarse en el estrecho círculo de los países industrializados, aunque eso sea su gran frustración, el modelo a seguir en las relaciones humanas se rigen por chantajes, extorsión, tráfico de influencias, mentiras, impunidad y simulación. El Estado de Derecho y las leyes se remiten a un simple parámetro que puede medir el poder que tienen unos sobre otros, dependiendo qué tanto entiendan de esas reglas, obligaciones y mandatos, para ser utilizados a favor de quienes las dominen y en contra de quienes las ignoran.

Con el nuevo orden político y social que se vive en el país, las expresiones de corrupción dejaron de ser un secreto, salieron de la oscuridad en las que las mantuvieron por décadas los gobiernos que pretendían proyectar una imagen de rectitud, con la que intentaron convencer al mundo, inclusive a ellos mismos, de que en México se vivía en un Estado de Derecho, con justicia y paz social.

Conceptos, éstos, acuñados por el pensamiento postrevolucionario del presidencialismo y que fueron implantados por el Estado como doctrina irrefutable para controlar, someter y manipular a la masa social, a la vez de privilegiar a la clase dueña de las riquezas nacionales y a la llamada alta burocracia, es decir, a los gobernantes.

En los actuales esquemas y procesos que conforman el sistema político, económico y social de México, se ha perdido el sentido de la honestidad, dignidad, ética, respeto por la esencia del ser humano, de su pensamiento y nobleza; esto es algo que dejó de tener sentido y significado en la sociedad, y una de sus expresiones más crudas y burdas se da, fundamentalmente, en el núcleo de los servidores públicos en todos niveles.

Prevalece la materialidad del valor sobre la conciencia y el espíritu. Las relaciones humanas se reducen a intercambios monetarios, sin que ello sea garantía de lograr un equilibro entre el que paga y el que cobra. Y esto es resultado del alto grado de corrupción al que se ha llegado en México y la simulación en el control y combate de este fenómeno que ya es tradición y costumbre contemporáneos.

La figura e imagen de la corrupción que proyectan los gobernantes y la impunidad con la que se conducen, es parte fundamental de la neo escolástica que determina la conducta y el comportamiento de la sociedad. Estar frente a un servidor público, es ver al dueño de toda situación, de los mecanismos, vericuetos, secretos operativos, ases bajo la manga, manipulación, y adecuación de la verdad, de la sicología del dominio y el terror sobre la ignorancia y el desconocimiento de los procesos y el sistema.

La burocracia hace del ciudadano un simple ser entrampado en las redes del poder, hechas a modo para subyugarlo y exprimirlo. Tener una idea, aunque vaga, de los procesos, resulta peor para el que se diga conocerlos, por la impotencia de no saber cómo hacerlos valer, porque el Estado de Derecho ya no existe y las leyes dejaron de funcionar como mecanismos para armonizar las relaciones de la sociedad, sobre ellas está el poder político y del dinero, y el que lo tiene manda.

El centro motor de todo es el dinero, erigido como doctrina, fin y objetivo. Como tal vez nunca, en los tiempos corrientes la relación social del ser humano en México está cuantificada en moneda. Esa es la materialidad del comportamiento y las relaciones humanas, que también resultan una ilusión. El valor de cambio y el valor de uso que se le da a las personas y quienes lo determinan, es un tabulador imaginario; a modo, donde nada está garantizado. Todo es superficial, porque está realizado con base en el interés individual, en la corrupción.

El funcionamiento de una calle, por ejemplo, es mera ilusión, porque su construcción carece de esencia, está determinada por los arreglos a los que llegan los constructores con los funcionarios del Gobierno local o federal, para construirla. En esos entendimientos entre autoridades y empresarios se pierde la esencia del objetivo por el que se va a construir.

Si el valor de la obra, para que la calle funcione como una vía de comunicación con una duración de 50 años, en la que los vehículos puedan transitar de manera ágil, sin tropiezos a una velocidad determinada, sin poner en riesgo al conductor, ni a los transeúntes, y sin acelerar el desgaste de la suspensión y llantas del vehículo; requiere una inversión de cien monedas, imaginémoslo en esa cantidad, al momento de licitar la obra el constructor tiene que pagar una “comisión” por asignación que en el mejor de los casos es del 10%, es decir, la inversión se reduce a 90 monedas que se utilizarán para la construcción de la calle.

Esa diferencia de 10% que tiene que absorber el empresario no sale de la reducción de la ganancia programada, el constructor no está dispuesto a sacrificar parte de sus utilidades. Ese costo se le carga a la calidad y cantidad de los materiales que serán usados para construir la vialidad, para abaratarlos. De tal suerte que ya no se emplearán varillas del mayor calibre y mejor resistencia, ni la misma cantidad. Lo mismo sucede con los otros materiales como el concreto y asfalto, cuyo espesor final en lugar de tener 40 centímetros, será de 20 y empobrecido de cemento.

La pintura de los señalamientos que indican el tránsito vehicular y los sentidos de circulación, también será de menor calidad, por lo que su vida de duración útil se reduce.

Esto, además de que obligará al gobierno a hacer nuevas y costosas inversiones en reparar la calle en menos tiempo del que se tenía calculado, para los automovilistas representará un gasto extra, pues sus vehículos se verán afectados por los baches y deterioro de la vialidad, a lo que se debe sumar el peligro que eso representa tanto para conductores como para transeúntes.

Pero, además, la inconsistencia de esa calle, producto de la corrupción, repercutirá en que los tiempos de tránsito se alarguen y eso implica un mayor desgate físico y mental de las personas que la utilicen, aumenta la contaminación por las emisiones de los vehículos que transitarán más lento y todo esto contribuirá a un mayor estrés colectivo que, en suma, reduce la calidad de vida y la productividad de las pesonas.

Es decir, un acto de corrupción se convierte en una bola de nieve, cuyos efectos negativos para el sano desarrollo de la sociedad crecen constantemente, afectando cada vez más a un número mayor de personas, por el simple hecho de tener relación obligada o no con ese hecho.

Lo peor de esto es que la corrupción ha llegado a permear las estructuras de la sociedad a tal grado que las personas se instalan en la comodidad de la apatía ante el problema que ello genera y se limitan a reproducir el esquema persiguiendo sacar ventaja, y eso sólo alimenta la impunidad. Es mucho más cómodo dejar que los gobernantes se enriquezcan de manera ilícita, sin castigo alguno, si con ello se puede evitar que las leyes se metan en la vida de los ciudadanos cuando cometan algún delito o corruptela. Si no se castiga a uno, no se castiga a los demás.

El problema de esto es que esas conductas hacen de las personas seres cada vez menos pensantes, más limitados en el desarrollo de sus capacidades físicas y mentales, incapaces de tomar decisiones y mucho menos de realizar proyectos a mediano y largo plazos. Se privilegia la inmediatez, con todo lo que ello implica, como, por ejemplo, depredar los recursos naturales sin importar las consecuencias que ello tiene para la vida en el planeta. Cada acto de corrupción destroza el pensamiento y la creatividad: envilece el espíritu y aísla a las personas.

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